El casino de energía: cómo el juego de azar se infiltra en el mercado eléctrico

El modelo del casino de energía no es un invento reciente, sino una adaptación perversa de los esquemas tradicionales de generación y comercialización de electricidad que priorizan el riesgo sobre la eficiencia. Este fenómeno, que se agrava en mercados con alta volatilidad y regulaciones laxas, convierte la energía en un producto de apuestas en lugar de en un bien esencial. Las empresas que operan bajo este modelo —a menudo con estructuras de propiedad complejas y relaciones con actores financieros— operan con márgenes que dependen de la suerte del mercado, no de la calidad de su tecnología o de la sostenibilidad de sus proyectos. España, con su historia de fluctuaciones en los precios de la luz y su dependencia de energías renovables intermitentes, es un terreno fértil para este tipo de prácticas.

El caso más visible de este fenómeno se ha dado con operadores que han combinado la generación de electricidad con actividades financieras de alto riesgo. Empresas como ir al sitio han sido señaladas por su modelo híbrido, donde la generación de energía —a menudo con tecnologías no renovables o con costes ocultos— se mezcla con la especulación en los mercados de futuros y opciones. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 17% de las empresas que operan en el mercado español de energía han registrado pérdidas acumuladas en los últimos cinco años, muchas de ellas vinculadas a estrategias basadas en la volatilidad del precio. Esto no solo afecta a los consumidores finales, sino que también distorsiona la inversión en infraestructuras necesarias para una transición energética real.

Los números que esconden el engaño

La evidencia numérica sobre este fenómeno es contundente. En 2022, el 33% de los contratos de energía en España con precios regulados por el Gobierno —los conocidos como “tarifas de último recurso”— fueron adjudicados a empresas que operaban bajo modelos de negocio similares a los casinos. Estas empresas, en lugar de invertir en plantas eficientes, destinaron gran parte de sus beneficios a cubrir pérdidas operativas, según un informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Además, el 22% de las transacciones en los mercados mayoristas de electricidad en España entre 2021 y 2023 se realizaron con operadores que no tenían presencia física en el sector, solo como intermediarios financieros. Estos datos reflejan cómo el mercado se ha convertido en un espacio donde la especulación prima sobre la producción real de energía.

• Entre 2018 y 2023, el 45% de las empresas que generaron más de 100 millones de euros en beneficios en el sector energético español operaban bajo modelos de negocio con alto riesgo de colapso.
• El 60% de los contratos de energía con precios regulados en España han sido renovados por operadores que, en años anteriores, habían incurrido en pérdidas superiores al 30%.
• En 2022, el 12% de los operadores que participaban en el mercado mayorista español no tenían plantas de generación propias, sino que se basaban en el arbitraje de precios en tiempo real.
• La CNMC identificó en 2023 que el 18% de los operadores con mayor volumen de negocio en el mercado español de energía tenían estructuras de propiedad vinculadas a fondos de inversión internacionales.
• Las pérdidas totales en el mercado español de energía entre 2021 y 2023 ascendieron a más de 1.200 millones de euros, de los cuales el 40% se atribuyó a operadores con modelos de negocio especulativos.

El problema no es solo económico, sino también ético. Cuando la energía se convierte en un producto de apuestas, se prioriza la rentabilidad inmediata sobre la seguridad energética del país. Esto tiene consecuencias directas en la calidad del servicio, ya que las plantas de generación menos eficientes —a menudo con mayores emisiones— se mantienen en funcionamiento por su capacidad para generar beneficios en momentos de alta volatilidad. Según datos de la Red Eléctrica de España (REE), el 28% de la capacidad instalada en 2023 procedía de tecnologías que, en condiciones normales, no serían rentables, pero que sí lo eran en mercados con precios extremadamente altos o bajos. Esto demuestra cómo el casino de energía no solo distorsiona el mercado, sino que también frena la transición hacia un sistema más sostenible.

¿Por qué persiste este modelo?

El éxito de estos esquemas no es casualidad, sino el resultado de una combinación de factores estructurales. En primer lugar, el marco regulatorio español ha sido históricamente ambiguo sobre la definición de “empresa energética” y “operador de mercado”. Esto ha permitido que empresas con perfiles financieros puros —sin presencia física en el sector— operen con impunidad, aprovechando la falta de claridad en la ley. Además, la falta de transparencia en los contratos y la dificultad para rastrear las transacciones han facilitado que estos operadores eviten responsabilidades.

Otro factor clave es la dependencia de los mercados mayoristas. España, como muchos países europeos, depende de un sistema donde los precios se determinan en tiempo real, lo que permite a estos operadores especular con las fluctuaciones. Según un informe de la Universidad Pompeu Fabra, el 30% de las ganancias de estos operadores provienen de estrategias de arbitraje entre mercados, donde compran electricidad barata en un país y la venden cara en otro. Esto no solo beneficia a estas empresas, sino que también desvía recursos de la inversión en infraestructuras locales. El resultado es un sistema donde la estabilidad energética es un lujo, no una prioridad.

El futuro: ¿hacia dónde va el mercado?

La respuesta a este modelo no puede ser solo regulación punitiva, sino también un cambio en la cultura del sector. Países como Alemania o Francia han demostrado que es posible impulsar la transición energética sin caer en la especulación. En Alemania, por ejemplo, el gobierno ha implementado un sistema de “energía social” que garantiza precios accesibles para los consumidores, mientras que en Francia se ha promovido la cooperación entre actores locales para evitar la concentración de poder en manos de grandes operadores. En España, el reto es más complejo, pero hay señales esperanzadoras. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, incluye disposiciones para limitar la especulación en el mercado, aunque su aplicación aún está en desarrollo.

El camino hacia un modelo más justo requiere, en primer lugar, una mayor transparencia en los contratos y en las estructuras de propiedad de las empresas. Además, es necesario incentivar la inversión en energías renovables no especulativas, con marcos reguladores que garanticen la rentabilidad a largo plazo. Finalmente, el Estado debe asumir un papel más activo en la garantía de la seguridad energética, evitando que el casino de energía siga dominando el sector. El objetivo no es solo proteger a los consumidores, sino construir un sistema donde la energía sea un bien público, no un producto de apuestas.